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El problema con las prisiones privadas no es que sean privadas

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08/15/2019

El Brennan Center for Justice publicó recientemente una colección de ensayos, todos escritos por políticos de extrema izquierda, sobre cómo Estados Unidos podría resolver el problema del encarcelamiento masivo. Bernie Sanders contribuyó con un ensayo titulado «Abolish For-Profit Prisons». Su ensayo no debe sorprender; durante las elecciones de 2016, salió en los titulares después de proponer la Ley de Justicia No Está en Venta. Sanders no es el único culpable de que las cárceles privadas sean el único culpable de la sobrecarga de la prisión. En el primer debate primario de 2019, Elizabeth Warren (falsamente) afirmó que las reservas de las prisiones privadas han crecido rápidamente desde que el presidente Trump asumió el cargo. El espectro de las prisiones privadas es un punto de discusión popular entre los demócratas, pero los hechos sobre el sistema penitenciario no apoyan su diagnóstico del problema del encarcelamiento masivo.

En primer lugar, siempre vale la pena aclarar que las prisiones privadas son «privadas» sólo en el sentido más amplio de la palabra. Es cierto que las ganancias de estas instalaciones se privatizan, pero como en cualquier otra empresa, los costos se socializan. Los gobiernos estatales utilizan el dinero de los contribuyentes para financiar los contratos y estipulan las condiciones de funcionamiento. Mucha gente ve las prisiones privadas como una acusación al capitalismo, sin reconocer que estas prisiones dependen totalmente de la beneficencia del Estado, la misma entidad que la gente como Bernie Sanders quiere tomar el control de las prisiones como una solución al problema.

Pero incluso si concedemos esta visión ilusoria del capitalismo, que equipara plenamente a todas las organizaciones que no están totalmente nacionalizadas, las prisiones privadas todavía no explicarían el encarcelamiento masivo. Esto apenas ha suavizado la demagogia sobre las prisiones con fines de lucro, por supuesto. En 2018, la Iniciativa de Justicia Equitativa publicó el titular «La población carcelaria privada se dispara». El artículo informa que en las prisiones privadas hay 128.063 presos. Esto, aparentemente, es un crecimiento «vertiginoso» en comparación con las cifras de 2008 en las que las prisiones privadas tenían 128.525 prisioneros.

El supuesto «aumento» sólo se deriva del cambio porcentual del 8 por ciento del total de la población carcelaria en 2008 a la friolera del 8,5 por ciento en 2016. Aparentemente, el crecimiento vertiginoso implica una tasa de crecimiento proporcional de menos de una décima parte de un por ciento por año, e incluso esto sólo ocurrió porque la población total de prisioneros disminuyó, socavando completamente la afirmación de que el encarcelamiento con fines de lucro es la causa del encarcelamiento masivo.

La realidad es que atacar exclusivamente las prisiones privadas hace más por preservar el encarcelamiento masivo. La preocupación es que los cabilderos de las prisiones privadas gasten dinero para asegurar un flujo constante de presos. Esto no es una preocupación irrazonable; los incentivos son importantes, y el complejo industrial de la prisión está plagado de incentivos perversos. Sin embargo, lo que oculta el enfoque en las prisiones privadas, no es sólo que estos mismos incentivos también se aplican a las instituciones públicas, sino que son mucho más significativos en el sector público. Como señala el profesor de derecho de Stanford John Pfaff:

Mientras que los grupos carcelarios privados gastaron 13 millones de dólares en actividades de cabildeo entre 1986 y 2014, los grupos educativos (en su mayoría de educación primaria y secundaria, como la Federación Estadounidense de Maestros y la Asociación Nacional de Educación) gastaron más de 256 millones de dólares, los grupos médicos más de 360 millones de dólares y (quizás lo más importante) los grupos de empleados públicos (entre los que se incluyen los sindicatos de guardias de prisiones, aunque sin limitarse a ellos), más de 132 millones de dólares.1

De hecho, durante estos años, el cabildeo total a nivel estatal sólo ascendió a 36.000 millones de dólares, lo que hace que los 13 millones de dólares gastados por las prisiones privadas asciendan al 0,03 por ciento.

Los sindicatos públicos también tienen más influencia que simplemente los dólares de cabildeo que tienen que gastar. Cuando Florida trató de transferir a 14.000 prisioneros a instalaciones privadas en 2012, el gobierno estatal controlado por los republicanos apoyó el plan, lo que habría significado la pérdida estimada de 3.000 puestos de guardia. Gracias a la presión de los sindicatos del sistema penitenciario público, suficientes republicanos cruzaron el pasillo para ayudar a los demócratas a rechazar el proyecto de ley. Una derrota similar tuvo lugar en 1998, cuando Tennessee intentó subcontratar todo su sistema penitenciario.

Los intereses de los sindicatos públicos no se limitan a impedir que los contratistas privados se hagan cargo de su industria. El temor (un temor válido) con el cabildeo privado es que gastarán dinero para aumentar los arrestos, las condenas y las penas de prisión. En el escándalo «Kids for Cash», dos jueces de Pensilvania fueron condenados por aceptar sobornos de centros de detención con fines de lucro para imponer sentencias más severas a delincuentes juveniles. Este es un problema genuino creado por los incentivos perversos incorporados en el sistema de justicia penal.

Pero los sindicatos públicos tienen los mismos intereses, ya que menos presos significan menos empleos. No sólo gastan más dinero en cabildeo para preservar y expandir la industria carcelaria, sino que también utilizan su influencia política para ayudar a elegir a los políticos con posiciones «duras contra el crimen». Esto incluye a los sheriffs, fiscales y magistrados elegidos públicamente, además de los legisladores. La diferencia entre el cabildeo público y privado, aparte de su alcance, es que las organizaciones privadas y sus beneficiarios realmente enfrentan consecuencias legales por sus acciones. Tras el juicio de Kids for Cash, ambos jueces fueron condenados a largas penas de prisión, y el propietario del centro de detención fue encarcelado y obligado a pagar una indemnización a las víctimas. Podemos argumentar que las penas y los laudos no fueron lo suficientemente lejos (la restitución que recibieron las víctimas individuales fue escasa), pero el castigo y la restitución en las empresas completamente estatales es prácticamente inexistente, a pesar de un historial mucho más severo de abusos.

Nada de esto pretende defender las prisiones privadas o sugerir que son una solución al encarcelamiento masivo o a las injusticias de nuestro sistema legal (claramente no lo son). Hay muchas razones para oponerse a las prisiones privadas. Sin embargo, es importante reconocer por qué personas como Bernie Sanders se oponen a ellos. Sanders apenas hace ninguna objeción al sistema penitenciario per se, excepto para pedir la abolición de las organizaciones con fines de lucro. Está en contra de las prisiones privadas porque está en contra de las empresas privadas; él y muchos otros pseudo-reformadores muestran poca preocupación por el sistema penitenciario como tal, lo que se evidencia en su conspicua negación de que las instalaciones públicas se enfrentan a los mismos incentivos, con mayor influencia política y prácticamente sin consecuencias por la mala conducta. El encarcelamiento masivo es, de hecho, un problema, y los demócratas (y los republicanos y los libertarios) que quieren abordar este problema tienen razón al hacerlo. Pero si su única solución es abolir las prisiones privadas, no están combatiendo el encarcelamiento masivo, están trabajando para preservarlo.

  • 1. John F. Pfaff,  Locked In: The True Causes of Mass Incarcertation — and How to Achieve Real Reform (Nueva York: Basic Books, 2017), 86.

Chris Calton is a 2018 Mises Institute Research Fellow and an economic historian. He is writer and host of the Historical Controversies podcast.

See also his YouTube channel here.

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Getty
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